Los profesores Cordero y Damiani, tras impedirles el libre acceso a su centro laboral por ejercer su derecho a sindicalizarse, presentaron su queja a la Fiscalía de Prevención del delito, que como su nombre lo indica, debe servir precisamente para prevenir que se produzcan arbitrariedades y abusos, es decir, para proteger a los más débiles, a los que se sienten agraviados al no poder ejercer sus derechos, porque alguien prepotentemente o arbitrariamente se los conculca.

En este caso, el Juez que vio la causa inicialmente, estimó que había indicios suficientes y decidió abrir causa penal en contra de Jimena Díaz por abuso de autoridad, precisamente por impedir el ejercicio del derecho al trabajo y a la sindicalización inscritos en la Constitución. Citadas ambas partes, la Sra. Díaz hizo caso omiso a varias de ellas, al extremo de ser citada de grado o fuerza, lo que nunca se cumplió.

Finalmente, tras varios meses, en uno de esos vuelcos “extraños” –aunque todo el mundo sabe que no son tan extraños en realidad-, la fiscalía decidió archivar el caso, sin resolver la comisión de delito de la que los perjudicados pedían ser defendidos. (¿?)